El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, reconoció que Washington sigue con inquietud el proyecto sobre Malvinas.
El Gobierno de Estados Unidos reconoció su preocupación por el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El Gobierno de Estados Unidos reconoció su preocupación por el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsada por la administración de Javier Milei para sancionar a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
Sin embargo, Washington aclaró que respeta el proceso legislativo del país y evitó solicitar modificaciones al proyecto que se encuentra pendiente de tratamiento en el Congreso.
La posición fue expresada por el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa que compartió con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín, donde ambos funcionarios repasaron distintos aspectos de la relación bilateral.
“Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina. Nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”, sostuvo Landau, número dos del secretario de Estado Marco Rubio.
El funcionario estadounidense aclaró que su Gobierno no pretende intervenir en el debate parlamentario. “Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó.
Las declaraciones se produjeron después de que trascendieran contactos entre Buenos Aires y Washington por las posibles consecuencias de las sanciones sobre compañías y fondos de inversión estadounidenses con participación en proyectos económicos en Malvinas.
Según trascendió, la Casa Rosada descarta avanzar contra grandes actores financieros si esas medidas comprometen la relación bilateral. No obstante, el Ejecutivo sostiene que las observaciones estadounidenses no constituyen una exigencia formal para retirar el proyecto.
La iniciativa, enviada al Congreso el 17 de septiembre, busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra empresas que financien, faciliten o desarrollen actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.
El texto contempla multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de mecanismos para que las compañías puedan abandonar las operaciones alcanzadas por las penalidades.
Quirno defendió la propuesta al considerar que la legislación actual resulta insuficiente para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. El canciller explicó que el proyecto ofrece alternativas para desistir de inversiones realizadas bajo licencias que la Argentina considera ilegítimas.
Fuente: Agencia DIB
