Pensar el suicidio como problema de salud pública supone ampliar la mirada: del acto individual hacia las condiciones de vida, los vínculos y las redes de cuidado que hacen posible construir horizontes de futuro.
El 80% de las muertes violentas por suicidio corresponden a varones jóvenes.
Desde la Asociación Argentina de Salud Mental señalaron que “sería irresponsable” ignorar las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias “en las que se produce el sufrimiento de las personas”.
La OMS advierte que la pobreza, la desigualdad, la violencia y otras condiciones sociales y económicas afectan la salud mental.
Los suicidios feminicidas son aquellos en los cuales mujeres e identidades feminizadas deciden quitarse la vida como posible efecto de la violencia de género recibida.
La problemática del suicidio afecta principalmente a la franja etaria entre los 20 y los 39 años.
El suicidio constituye uno de los problemas de salud pública más complejos de la actualidad. Tal como describe un informe de la Fundación Soberanía Alimentaria, lejos de tratarse de un problema individual, es la manifestación más cruda de un proceso complejo de salud mental en el que se entrelaza lo colectivo, lo social y la subjetividad de las personas. Por esta razón, su prevención requiere intervenciones que excedan el ámbito estrictamente sanitario y comprometan al Estado, a las instituciones educativas, a las organizaciones sociales y a las propias comunidades.
Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, durante todo el mes, se busca generar conciencia, respuestas y sobre todo hacer que se hable del tema, ya que esta problemática de salud mental no es esporádica: puede atravesarla cualquier ser humano.
A nivel mundial, no se cuenta con datos actualizados pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 727.000 personas murieron por suicidio en 2021. La OMS advierte, además, que la prevención es posible, pero requiere un abordaje integral: las estrategias más eficaces combinan intervenciones sanitarias con medidas sociales, educativas y comunitarias.
La consideración del suicidio como problema de salud pública supone superar una interpretación exclusivamente individual de la problemática. Desde una perspectiva político-sanitaria, el suicidio y las conductas autolesivas no pueden ser comprendidos como sucesos privados, aislados o meramente individuales, sino como una problemática psicosocial, comunitaria, multidimensional y de salud pública, que compromete de manera directa los derechos humanos y el derecho a la salud integral.
La representación social más extendida del suicidio suele asociarlo con un acto individual, voluntario y orientado hacia un propósito claro. Esta perspectiva, sin embargo, resulta insuficiente para dar cuenta de la complejidad de los procesos que atraviesan a las personas en situaciones de sufrimiento. El suicidio es un fenómeno en el que interactúan factores individuales, familiares, sociales y comunitarios.
Entre los elementos que pueden incrementar la vulnerabilidad se encuentran las dificultades de acceso a la atención de salud mental, el aislamiento social, las consecuencias de la pandemia y determinados factores socioeconómicos. Por ello, el suicidio y las conductas autolesivas requieren respuestas que excedan el abordaje individual y clínico.
Fuente: Agencia DIB
